El déficit de credibilidad que afecta al Gobierno en todos sus niveles no tiene un origen reciente, como es sabido, tampoco es generado por un evento actual, sino por muchos a lo largo de la historia de nuestro país, sin embargo, esta crisis de confiabilidad en quienes nos gobiernan ha llegado a niveles que comienzan a poner en riesgo nuestro sistema democrático.
Esta no es una aseveración gratuita. Los escándalos, la corrupción y la inseguridad son fenómenos que llevan a inhibir las acciones ciudadanas, son hechos que inmovilizan a la sociedad y cuyo efecto también trasgrede la convivencia social y la participación ciudadana en todas sus manifestaciones, una de ellas, la fundamental en democracia, el derecho a sufragar.
Es necesario que quienes tenemos una responsabilidad en el ámbito público emprendamos cambios que combatan a estos males que no son exclusivos de nuestro país, pero que sí han llevado el nombre de México allende las fronteras como un referente de estos graves problemas.
En las siguientes semanas dos temas ocuparán la agenda del Congreso de la Unión: transparencia y corrupción. En la Cámara de Diputados recibiremos la minuta enviada por el Senado con las reformas a la Ley de Transparencia con la cual se busca contar con un marco actualizado y más moderno que se adecue a las nuevas necesidades de los ciudadanos después de que el PAN impulsara la primera ley en la materia en 2003.
Este cambio es necesario después de casi 12 años de haberse instaurado en México un nuevo sistema de rendición de cuentas que, con el paso de los años, ha comprobado más que fehacientemente, su efectividad y también, por qué no comentarlo, las deficiencias que enfrenta cuando autoridades de algún nivel se niegan a dar ese paso para entregar y rendir cuentas de acciones y de sus administraciones.
Ya hubo un anuncio de parte del Grupo Parlamentario del PAN: Recibiremos esta minuta y le daremos entrada lo más pronto posible para avanzar en una reforma que la propia titular del Instituto de Acceso a la Información Pública ha considerado un avance para las condiciones que requiere México en acciones de transparencia.
La otra reforma que está pendiente y que es complementaria de la anterior, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que fue en noviembre pasado cuando el PAN presentó la iniciativa-eje sobre la cual se trabajó y a la cual se sumaron otras fuerzas políticas y el propio titular del Ejecutivo federal.
Esta que aprobamos en San Lázaro y que tiene el ADN de Acción Nacional sobre todo en temas como participación ciudadana y autonomía en los órganos dedicados a la revisión y fiscalización de las autoridades, ya se entregó al Senado de la República para que allá los legisladores la revisen y ajustes según lo consideren necesario.
Estamos en el momento en el que la agenda de transparencia y anticorrupción ya es de los ciudadanos. De lograrse ambos cambios y avanzar en la aprobación correspondiente, daremos un gran paso que servirá de soporte a nuestra democracia. Una sociedad sin rendición de cuentas y sin mecanismos que impidan la corrupción, no puede considerarse una democracia moderna; sin embargo, con el aval de ambas leyes, estaría dado ese primer gran paso, el segundo corresponde a los ciudadanos, a la vigilancia y a la aplicación de esta ley de manera correcta.
Se tiene que trabajar de manera fuerte con estas normas ya puestas en marcha y promulgadas a fin de conocer en la práctica sus deficiencias, su operatividad y la facilidad de su aplicación. Las grandes transformaciones llevan su tiempo, sin embargo, mientras más pronto entremos a la ejecución de estas normas, más fácil será actualizarlas y hacerlas útiles a la ciudadanía.
Quiero pensar que en los siguientes años, estas herramientas serán vistas por los ciudadanos como un mecanismo necesario, aplicable y útil para acabar con estos males que han aquejado a nuestro país por generaciones y que, en la presente administración, se han intensificado al estar envueltos en escándalos cuya resolución aún sigue pendiente.
Por: Lucy Pérez Camarena
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